La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión dictaminó a favor de reformar la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa con el objetivo de actualizar el marco legal, fortalecer la formalización y facilitar el acceso a financiamiento para las MYPE, según informó la institución.
El cambio propuesto incluye una nueva clasificación de las empresas por ingresos y número de trabajadores, la creación de un Sistema de Representación y Consulta de las MYPE y la simplificación de trámites. Antes de la aprobación del dictamen, el presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), Paul Steiner, expuso que la iniciativa busca orientar la ley a áreas prioritarias como la formalización empresarial y el desarrollo económico local.
Según datos presentados por Steiner, en el país existen aproximadamente 990 empresas grandes, 2,830 medianas, 17,000 pequeñas y más de un millón de microempresas. De estas, unas 290,000 emplean entre cuatro y 10 personas y alrededor de 840,000 tienen menos de cuatro trabajadores. Las autoridades indicaron que las micro y pequeñas empresas constituyen el 99.6 % del tejido empresarial y el 89.5 % de los patronos formales activos en El Salvador, por lo que las reformas “buscan fortalecer su marco regulatorio”, afirmó.
Entre los principales cambios mencionados se encuentra la actualización de los criterios que definen el tamaño de las micro y pequeñas empresas, ante el desfasaje provocado por los aumentos del salario mínimo. Con la reforma, el límite para considerar a una microempresa se elevaría a 500 salarios mínimos anuales, manteniendo un máximo de 10 trabajadores. Además, se busca proteger a las microempresas frente a retrasos en el pago de bienes y servicios: las instituciones deberán cancelar en un plazo máximo de 30 días o, de lo contrario, pagar intereses. Steiner señaló que, si las autoridades siguen el procedimiento establecido por la Secretaría de Hacienda, no se generarían intereses, pero aseguró que es imprescindible garantizar que las microempresas reciban su dinero a tiempo para evitar quiebras.
La reforma también contempla la aplicación del principio de proporcionalidad en trámites y costos administrativos para evitar cargas excesivas a los pequeños negocios, además de promover una mayor coordinación con las municipalidades para impulsar el desarrollo económico local. Otra meta es simplificar los trámites, ya que la burocracia es considerada una de las principales razones de informalidad entre los emprendimientos.
El diputado William Soriano afirmó que El Salvador ha experimentado un crecimiento que, según dijo, estuvo limitado por la presencia de pandillas y extorsiones que afectaban a los pequeños negocios. Expresó que las decisiones de la Asamblea Legislativa pueden transformar el futuro del país, especialmente al impulsar procesos de formación, establecimiento, fortalecimiento y expansión de los negocios, como ocurre con estas modificaciones a la ley.
En las reformas se establece que una microempresa tendrá ingresos anuales de hasta 500 salarios mínimos y un máximo de 10 empleados; las pequeñas empresas podrán registrar ingresos de hasta 5,000 salarios mínimos y hasta 50 trabajadores. Además, se crea una subdivisión de las microempresas en subsistencia, acumulación y expansión para identificar con mayor precisión su desarrollo y orientar políticas públicas adecuadas a cada etapa.
En la categoría de subsistencia se ubicarían negocios con ventas brutas anuales de hasta 57 salarios mínimos mensuales y un máximo de dos trabajadores. Las microempresas de acumulación serían aquellas con ventas entre 57 y 300 salarios mínimos mensuales anuales, que empleen entre tres y cuatro trabajadores. En la categoría de expansión quedarían las que superen 300 y hasta 500 salarios mínimos mensuales anuales, con una plantilla de entre cinco y 10 trabajadores.
La iniciativa también propone la creación del Sistema de Representación y Consulta de las MYPE, que facilitaría la coordinación entre instituciones públicas, sector privado y actores territoriales para impulsar el sector. Como parte de ello, los gobiernos municipales tendrían que establecer Mesas Técnicas Representativas Locales para promover proyectos y programas que dinamicen la economía local.